~ Produciendo discursos ~: diciembre 2016

En esta etapa final de la asignatura, se nos pide crear un texto argumentativo (ya no expositivo), considerando los fundamentos de la pragmadialéctica.

Se nos pide algunos pasos que ya son familiares: lluvia de ideas, esquema general de las fuentes obligatorias y complementarias, además de un borrador y pautas de auto y coevaluación.

Definitivamente soy el peor con las lluvias de ideas.

En estas último par de clases que quedan, debemos entregar las pautas aludidas y el texto final, por lo que esta actividad sigue en progreso. A continuación, las pautas, una rúbrica a considerar en la entrega del texto final y panel argumentativo correspondiente, y mi avance del primer borrador:

Texto:

La Ley n° 20485 de Inclusión Escolar, entre una serie de derogaciones y reestructuraciones, ofrece una serie de reformas al actual estándar de ingreso a los distintos establecimientos educacionales, sean públicos o privados, y que en gran medida impacta en la forma en que la sociedad evalúa y sopesa la elección del lugar en donde sus hijos estudiarán por al menos doce años. Se subentiende que el concepto de inclusión abarca mucho más que un mero proceso de selección, por lo que es prudente revisar las aristas que surgen al escudriñar la ley que entró en vigencia el 1 de marzo de 2015, así como también recoger algunas opiniones de expertos, extraer una conclusión y compararla, a propósito de estándares internacionales, con realidades de otro país, en este caso, España.

En un resumen orientado al norte de este escrito, la Ley de Inclusión Escolar, entre los hechos que apoyará la ley, se encuentra el aspecto de la gratuidad en forma de subvención paulatina para aquellas familias que deseen ingresar a establecimientos subvencionados, esto como parte de un sistema de admisión inclusiva que eliminará la brecha monetaria en el proceso de selección y oferta de establecimientos. Paralelamente, ofrecerá una considerable inyección de recursos para apoyar los procesos pedagógicos en el aula, en tanto infraestructura tecnológica, además de programas especiales que eliminarán el sesgo de casos especiales y así homogeneizar la orientación pedagógica del establecimiento sin tener que recurrir a la educación diferenciada, lo anterior sumado a proyectos educativos que recojan las necesidades y propuestas de los establecimientos y así crear mejoras en función de los sectores educativos en cuestión. Finalmente, se establece en la ley que el alumnado contará con un recurso de protección frente a expulsiones arbitrarias de establecimientos, requiriendo de causales específicas y de carácter justificado.

No obstante a lo anterior, debemos destacar una serie de falencias que no abarca la ley, o bien que hace alusión en cuanto a alcances implícitos. En primer lugar, solo aborda el problema previo de selección de colegio, por lo que aspectos más aterrizados como la ubicación del colegio, el promedio socioeconómico del alumnado y detalles paralelos como los materiales a comprar cada año pasan a un plano que no se abarca en la ley. Luego está el asunto de apoyo monetario gradual para el coste de matrícula y cuota mensual, aspecto que sigue a la deriva, por lo que un salto a la educación subvencionada contempla una situación de riesgo en la estabilidad económica de familias vulnerables. Otro detalle que se evidencia en la ley es la selección arbitraria aleatoria: se decide que el bien mayor consiste en que los alumnos les sean asignados establecimientos al azar, dentro de una serie de parámetros obvios (colegios cercanos, etc.), pero en el que no intervendrán ni los responsables de los colegios en oferta ni los apoderados, por lo que este aspecto “justo” puede significar más problemas al liberar de la “responsabilidad” a una entidad legal. Un último aspecto preocupante es el compromiso familiar que deberán asumir los apoderados en los proyectos educativos, por lo que la responsabilidad será mayor al objeto de construir una mejor educación adecuada al alumnado, responsabilidad que puede traer consecuencias o retrocesos si el apoderado no se informa, educa y compromete como corresponde.

En concreto, esta serie de alcances sobre la realidad educacional chilena necesariamente alcanza los preceptos que la sociedad tiene sobre la educación y cómo esta funciona en la realidad del país. Gina Bazzo, profesora de Estado en Educación Diferencial, sostiene en un artículo de la revista virtual Ciper que la ley no considera una real inclusión de los estudiantes discapacitados. Al respecto menciona que “la ley es solo un cúmulo de accionar administrativo que unifica normas de funcionamiento en establecimientos que reciben subvención”, dejando de lado “la calidad de la educación” (Bazzo). Entre otras cosas, añade que el decálogo de la ley no considera procesos inclusivos para alumnos con capacidades diferentes, por lo que pone en tela de juicio el concepto de inclusión en tanto NEE (Necesidades Educativas Especiales). Evidencia además en su opinión palabras y conceptos ambiguos que figuran explícitamente en la ley, como propiciar, propender y promover, dando cuenta implícita de la responsabilidad del sostenedor en cumplir lo que en definitiva sugiere la ley. Lo anterior es de especial atención si se considera un par de compromisos adquiridos por el país como la ley 20.442, que trata de las Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, y el compromiso del Estado de ofrecer condiciones de estudio igualitario a alumnos con NEE frente a la Convención Internacional de las Naciones Unidas de Derechos Humanos de Personas con Discapacidad.

Ya se puede ver en la ley una notoria ausencia de responsabilidad y compromiso con el concepto de inclusión, dándole un matiz burocrático y mercantil en cuanto a la selección y la apertura de oportunidades para que los alumnos de distintos sectores económicos queden homogeneizados en el estándar que impone los Planes y Programas del Mineduc.

Y es en la discusión crítica en que estas falencias que obvió la ley en su formulación salen a flote. Tal es el caso de un panel de opinión llamado Inclusión: el Chile que no quiere ver, en donde algunos expertos y autoridades discutieron sobre los alcances de la ley y cómo impactará la realidad escolar de un año2015 que demanda reformulaciones con urgencia. María del Pilar Calderón, Decana de la Facultad de Educación de la Universidad Central, pone en la mesa un planteamiento inicial sobre el que se puede discutir la ley: “¿qué es integrar? ¿Qué es incluir?” (Calderón). En un avance de su planteamiento, sostiene que se busca con la ley transformar lo que se concibe como enfermos, discapacitados o distintos a normales, en cuanto al alumnado. Dentro del paradigma educacional y las políticas públicas que apuntan a las iniciativas de inclusión, un punto fuerte sobre el que se critica la ley son las convenciones internacionales, en donde aún la discusión sobre un currículum flexible da pie a aceptar lo que Calderón denomina “una exclusión pasiva”.

Esta mirada crítica preocupa a especialistas porque tiene que ver directamente los con alcances a cláusulas que aún no están determinadas en la ley y que fueron catalogadas como progresión paulatina y en función de otros factores como la intervención de apoderados en proyectos educativos que, siendo sinceros, aún no está del todo claro. Al respecto, el Colegio de Profesores y la Opech (Observatorio Chileno de Políticas Educativas) sostienen que el mercado condiciona al Estado en la formulación de la ley y de sus alcances. En específico, se refieren a que la implementación de la nueva norma se relaciona directamente con los intereses tras la educación privatizada que predomina en Chile.

El investigador de la Opech, Juan González, deja en claro la problemática que evidencia la solución en forma de ley: “que haya salido un debate en nuestro país respecto de problematizar la posibilidad de instalar el tema de la inclusión en la educación es algo en sí mismo cuestionable” Frente al aspecto restrictivo de derechos internacionales para alumnos de establecimientos chilenos, agrega: “(…) es en Chile que estamos haciendo este debate. En otros lugares del mundo este no es el problema”. Darío Vásquez, secretario general del Colegio de Profesores, comenta al respecto: “en Chile prevalece una consolidación del sistema privado de educación, donde aquello que queda como vestigio de la educación pública, se somete a los dictados de las reglas del juego del sector privado. Ese es el gran problema que estamos viviendo” (Vásquez). Desarrolla su opinión argumentando que la inclusión en este caso juega un papel que es dominado por el lucro en la educación, y que el hecho que se considere normal que la educación superior sea pagada no da buen augurio sobre los intentos de homogeneizar el ingreso a establecimientos que de por sí segregan en lo económico. El superintendente de educación, Alexis Ramirez, confirma este triste escenario al reconocer a Chile como uno de los países de la OCDE con más segregación en el ámbito educacional.

Sabemos que en el aspecto positivo de la ley, muchos de los puntos de la ley apoyan, refuerzan, subvencionan y hasta protegen a alumnos, apoderados y establecimiento, pero esa misma ayuda significa a su vez una serie de prohibiciones que restringen la libertad de los establecimientos en la selección, los apoderados en la decisión y los alumnos en la experiencia misma de vivir en un entorno educativo que aporte y no enseñe los cimientos de la segregación. Heidi Heissenbuttel, profesora, en su video Inclusive culture in school transforms communities, ilustra el ideal que muchos países aspiran: que todo alumno tenga derecho a aprender lo mismo, y recibir toda herramienta y recurso necesario. Frente a problemas cotidianos como la sociedad excluyente y al bullying, surge el tema de la inclusión colectiva con propuestas como los niños IDEA y la neurodiversidad, que apuntan a cuidar tres factores que son críticos en la reformulación de una educación inclusiva: la cultura de la sociedad educativa, el currículum que contemple un diseño universal y la colaboración de grupos.